El líder piquetero Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña han sido imputados en una causa que investiga presunto lavado de activos a través de la Fundación Saúl Acuña. Esta fundación recibía dinero de distintos organismos provinciales y se utilizaba como vía para la construcción de viviendas. 

El fiscal federal Patricio Sabadini ha solicitado esta imputación, alegando "la existencia de una matriz estructural de corrupción para el desvío de fondos públicos provinciales", los cuales en los últimos tres años ascenderían a más de 900 millones de pesos, según el escrito presentado. 

La investigación se inició a raíz del descubrimiento de 6 millones de pesos en efectivo en el domicilio de Santa María de Oro 1460 durante un allanamiento relacionado con el femicidio de Cecilia, cuando aún se buscaba a una joven desaparecida. Este domicilio es el lugar donde los fiscales sostienen que la chica fue asesinada. 

Sabadini argumenta que el matrimonio habría puesto en circulación fondos de origen ilícito en el mercado, provenientes de delitos de corrupción o fraude, lo cual se reflejó en un significativo aumento de movimientos patrimoniales que no concuerdan con sus ingresos lícitos declarados. Se destaca que tanto Sena como Acuña contaban con sueldos como empleados del Ministerio de Educación como sus únicos ingresos, además de facturas monotributistas presentadas por Acuña en su rol de dirigente social. 

Ambos eran los titulares de la Fundación Saúl Acuña, la cual no contaba con empleados en relación de dependencia. Según Sabadini, la mayor parte del dinero ingresado a la fundación era retirado en efectivo, presuntamente por Sena, según información de la Unidad de Información Financiera (UIF). 

El fiscal también señala que se registraron "gastos falsos" en los estados contables de la Fundación, y que las facturaciones más elevadas estaban dirigidas al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).