El Ministerio de Seguridad realizó este martes una denuncia penal contra el ex director
Nacional de Gendarmería, Héctor Schenone y su ex segundo Juan Obdulio Sainz, por los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública", "tráfico de influencias" y "violación de deberes de funcionario públicos".

La denuncia también alcanzó a funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos y del Servicio Administrativo Financiero de la Gendarmería Nacional Argentina.

Parte de los involucrados, sospechados de cometer estos delitos fueron pasados a situación de disponibilidad, mientras que otros de ellos ya habían sido pasados a retiro en diciembre pasado, informó la cartera conducida por Nilda Garré.

"El personal incluido en la presentación judicial está sospechado de connivencia dolosa con un puñado de estudios jurídicos y algunos jueces para resolver de manera arbitraria en reclamos salariales irregulares masivos en perjuicio del Estado", señaló el ministerio a través de un comunicado.

Además de Schenone y Ruiz, fueron denunciados Oscar Raúl Guidone, actual director del Servicio Administrativo Financiero de GNA, Humberto Roque Domínguez, director del SAF en los períodos 2010-2011, Ricardo Marcelo Olano, subdirector del SAF en los años 2010-2011, Luis Norberto Demundo, contador del SAF en los períodos 2010-2011 y Estanis Drebnieks, jefe del Departamento de Control Interno y Rendición de Cuentas.

Además, la denuncia involucra al Comandante Mayor Raúl Ricardo Tabocchini, director de Asuntos Jurídicos, el subdirector de Asuntos Jurídicos, Comandante Mayor Ricardo Jorge Back, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos, Comandante Primero Carlos Palleros, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos y el Comandante Manuel Eduardo Barros, dirección de Asuntos Jurídicos entre 2006 y 2010.

Se los acusa de haber efectuado una interpretación ilegítima de los fallos de la Corte Suprema recaídos en las causas "Salas" y "Borejko"; de forma tal que beneficiara lo más posible a los peticionantes, "ocasionando un correlativo perjuicio al patrimonio estatal".

También se los acusa de haber practicado liquidaciones irregulares aun después de recibir instrucciones del Ministerio de Seguridad en el sentido de ajustarse a las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia en el fallo "Zanotti", así como depositar en diversos casos los montos resultantes sin contar siquiera con la aprobación judicial de la liquidación.

La denuncia tramita en el Juzgado en Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, Secretaría N°15 a cargo de Gabriela Esteban.