El Gobierno porteño ha difundido recientemente un protocolo para atender a las personas que viven en la calle y puedan representar un riesgo real e inminente para la comunidad. Este protocolo busca superar los desafíos planteados por la ley 26.657, específicamente el artículo 20, que establece requisitos para la internación involuntaria de personas con problemas de salud mental.

El protocolo ha generado debate y críticas debido a su complejidad y a las trabas que impone para la internación de personas en situaciones críticas. Según fuentes del Gobierno porteño, se busca aplicar de manera rigurosa el artículo 20 para abordar esta problemática. Se ha conformado un equipo interdisciplinario de los ministerios de Desarrollo Humano, Salud y Seguridad, junto al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, para evaluar cada caso y determinar si existe un riesgo real e inminente.

El protocolo se activa a través de llamadas al 911 o mediante intervenciones directas de los equipos del programa Buenos Aires Presente o la Policía de la Ciudad. El SAME psiquiátrico, con ambulancias especializadas, se encarga del traslado de pacientes en crisis de salud mental a hospitales para su evaluación.

Si se determina la necesidad de internación involuntaria, se realiza en alguno de los hospitales generales de agudos de la Ciudad. El protocolo busca prevenir situaciones de violencia en la calle y actuar antes de que escalen a situaciones más graves. Se estima que actualmente hay 3.500 personas en situación de calle en la Ciudad, con seis de cada diez padeciendo problemas de salud mental.

El protocolo ha generado opiniones divididas, con expertos expresando preocupación por la estigmatización de las personas en situación de calle y por la delegación de decisiones de internación a terceros. Se destaca la importancia de una atención integral que aborde las diversas necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, más allá de la internación involuntaria.