El 25 de noviembre de 2017, Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, perdió la vida tras recibir un disparo por la espalda durante un desalojo de una toma de tierras en Villa Mascardi, Bariloche. Tras un extenso proceso judicial, el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca emitió su veredicto condenando a cinco miembros de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

Sergio Cavia fue condenado a cinco años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, mientras que Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García recibieron 4 años y medio como partícipes necesarios del mismo delito. Durante el juicio, se llevaron a cabo 20 audiencias, se escucharon 63 testimonios, se realizaron pericias y una inspección ocular en el lugar del hecho.

El crimen ocurrió durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales. La situación desencadenó manifestaciones de agrupaciones de izquierda, movimientos sociales y comunidades mapuches, así como el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares de víctimas de violencia institucional.

Durante el proceso judicial, las querellas habían solicitado prisión perpetua para los cinco acusados, mientras que la Fiscalía requería cinco años de prisión para cada uno, alegando "exceso en legítima defensa". Por su parte, las defensas de los Albatros pidieron la absolución argumentando legítima defensa sin excesos.

El hecho tuvo lugar en el marco de una toma de tierras reclamadas por la comunidad Lafken Winkul Mapu, donde los prefectos realizaron un operativo que culminó con la muerte de Rafael Nahuel. La Prefectura cumplía una orden del entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, quien había requerido asegurar el perímetro del territorio en disputa.

La carátula de la causa, titulada "Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada", fue criticada por las querellas que representan a la familia de Nahuel, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche.

El trágico suceso suscitó un intenso debate en la sociedad argentina en torno a la legítima defensa, el accionar de las fuerzas de seguridad y la situación de los pueblos originarios. La condena emitida por el TOF de General Roca marca un hito en este caso, pero también evidencia la complejidad de los conflictos territoriales y la necesidad de abordarlos de manera pacífica y respetuosa de los derechos humanos.