Ya no hay más dilaciones posibles, desde el punto de vista judicial, para que el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital convoque a la realización del juicio oral y público para determinar las responsabilidades políticas y empresariales por la Tragedia de Once.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó varios recursos presentados por los imputados y así quedó marcado el camino al juicio oral. Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky no hicieron lugar a una andanada de recursos extraordinarios presentados por varios de quienes se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados.

Por ejemplo, le rechazaron el recurso extraordinario a Ricardo Jaime quien fue secretario de Transporte del kirchnerismo y está procesado por su responsabilidad en la Tragedia de Once. La Casación también rechazó el recurso presentado por un amigo de Jaime, el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero. La misma suerte tuvieron el ex presidente de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) Carlo Ferrari y un abogado ligado a esa compañía Carlos Alberto Lluch. Todos intentaban, mediante un recurso extraordinario, lograr que se les revisara el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio que luego fue confirmado, con algunos cambios de calificación, por la Sala II de la Cámara Federal porteña.

Ferrari también se había presentado a la Casación para que se revisara la decisión que rechazaba el pedido de recusación que había hecho contra el juez Bonadio. Ese planteo también fue negado por la Sala II de la Casación. Explican en Tribunales que con estos rechazos, no quedan planteos por resolver y queda allanado el camino para que se ponga fecha el juicio.

En fuentes judiciales se sabe que ni los empresarios ni algunos ex funcionarios quieren que el juicio comience pronto. Por eso algunos de los imputados presentaron infinidad de recursos con la intención de hacer pasar el tiempo. También se sabe en el edificio de Comodoro Py que el kirchnerismo desea que el juicio comience luego de las elecciones de octubre. Consideran que puede afectar el caudal electoral la imagen de ex funcionarios y empresarios juntos en el banquillo, acusados por haber controlado cómo se llevaba adelante la concesión del ferrocarril Sarmiento donde se produjo la tragedia.

En tanto, los familiares de los 51 muertos y más de 700 heridos producto del choque reclaman que el juicio comience rápidamente. Será el Tribunal Oral el que ponga la fecha de inicio. Por lo pronto, la Casación ya dio un paso importante: rechazó todos los recursos que había pendientes.