El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, enfatizó que “tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación” la situación judicialmente generada en torno a las elecciones celebradas en Tucumán, que fueron anuladas por un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia. 

“No tengo duda de que esto no se resuelve en Tucumán. Se trata de uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia, que constituye un caso de prevaricato liso y llano”, aseveró el jefe de ministros en sus habituales declaraciones a la prensa al ingresar esta mañana a la Casa de Gobierno. En la Argentina, la pena para ese delito puede llegar a penas de cárcel de hasta 15 años e inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos.

Fernández consideró "ridícula, sin sentido y de una gravedad institucional inusitada, destituyente" la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Tucumán. Luego de calificar al tribunal como un "contencioso vergonzante" y de advertir sobre la existencia de un "forum shopping", agregó que el fallo "es una actitud gravosa que muestra la amistad que seguramente tienen (los jueces) con Cano, utilizando una decisión judicial en la que no tienen competencia, y pasando por arriba de la voluntad popular".