En Chubut, los gremialistas de la construcción conocidos como “Los Dragones” se negaron a declarar por los destrozos ocasionados durante sus tomas de plantas en esa provincia.

El grupo escindido de la UOCRA que destrozó parte de las instalaciones de Pan American Energy no respondió preguntas ante el juez por consejo de su abogado, Leopoldo Puricelli, que les recomendó “no hablar hasta que no se sepa de qué se los acusa”.

El letrado representante de los Dragones, Leopoldo Puricelli, anticipó que ninguno de los imputados por las medidas de fuerza realizadas en Cerro Dragón se pronunciará ante la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio.

"Les aconsejé que no lo hagan ya que la causa está en secreto de sumario. No pueden declarar si no se conocen las pruebas en su contra", comentó. Y agregó: "Sólo se les atribuye que han participado en la toma violenta del yacimiento y se han cometido algunos delitos, pero no está para nada. Es una acusación general."

Los delitos por los que se ven imputados los Dragones son por "lesiones, daños a la propiedad privada, entorpecimiento de bombeo de crudo a Termap y la merma de la producción".

El letrado evaluó que recién en diez días se levantará la prohibición a acceder a la causa y sólo entonces se analizarán eventuales declaraciones.

Por otro lado, adelantó que, en caso de identificarse a los responsables de los incidentes producidos, habría "condenas condicionales; de delitos excarcelables, salvo que la persona tenga alguna condena en suspenso; es por ahora en una etapa primaria del proceso".

En el marco de la investigación, Pan American Energy (PAE) presentó esta semana un listado de supuestos obreros involucrados en los destrozos del yacimiento chubutense.

Los principales referentes del conflicto están apuntados en el escrito: Daniel Ojeda, Raúl Murga, y Guido Dickinson. Ahora bien, resulta difícil precisar cuántos son citados a declarar. El número oscila entre las 204 y 160 personas, indicó Puricelli, aunque aseguró que “no puede dar un número preciso”.

La detección de los acusados fue realizada mediante “controles informáticos y satelitales" que tiene PAE sobre los movimientos de sus empleados.

Al momento, el conflicto por la toma del yacimiento se encuentra en etapa de conciliación obligatoria, aunque es probable que las medidas de fuerza resurjan a fines de mes, en caso de no haber una resolución que convenga a todas las partes en litigio.

Los Dragones reclaman aumentos salariales que logre equiparar el sueldo con los de los operarios petroleros. La violencia descargada llegó a tal punto que provocó un gran impacto en la opinión publica y en las autoridades provinciales y nacionales.