El juez Ariel Lijo consideró que el homicidio del ex jefe de la CGT José Ignacio Rucci, en 1973, no fue un delito de lesa humanidad y por lo tanto no es imprescriptible, por lo que ordenó el archivo de la causa, aunque resaltó que hay elementos para atribuir el crimen a Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El magistrado sostuvo que el crimen fue ‘exclusivamente político‘ y que ‘existen elementos que me permiten afirmar la sospecha de la participación de ’Montoneros’ como así también de las FAR‘, pero consideró que a más de 40 años del hecho son pocas las nuevas pruebas que se pueden incorporar. Así, el juez explicó que la única manera de mantener la causa abierta era si se trataba de un delito de lesa humanidad, lo que descartó.

Rucci fue asesinado de 25 balazos el 25 de septiembre de 1973 cuando salía de su vivienda de la avenida Avellaneda 2953, en Flores, y él y su custodia fueron atacados durante 15 minutos con armas de fuego y explosivos desde una casa vecina donde se infiltraron los autores. El crimen fue conocido como ‘Operación Traviata‘ -por la galletita que tenía 23 agujeritos- y se enmarcó en la disputa que en aquella época tenían Juan Domingo Perón, recientemente llegado al país tras su exilio, y los Montoneros.

El hecho se investigó tres veces pero las causas siempre fueron archivadas, hasta que en 2008 los hijos de Rucci -la diputada nacional del PJ Federal Claudia Rucci y el dirigente político Aníbal Rucci- pidieron la reapertura por considerar el hecho de lesa humanidad. Presentaron en la causa el libro ‘OPERACIÓN TRAVIATA ¿Quién mató a Rucci? La verdadera historia‘ de Ceferino Reato, en la que daba cuenta de nuevos detalles del hechos, entre ellos una visita que el día del crimen hizo el jefe de ‘Montoneros‘, Mario Firmenich, a la redacción de la revista ‘El Descamisado‘, en la que asumió que el crimen lo había cometido su organización. Sin embargo, el juez Lijo descartó, por no poder acreditarlas judicialmente, las revelaciones del libro, aunque avanzó sobre la autoría del hecho.

"Vamos a apelar a la Cámara Federal pues consideramos que se trata de un crimen de lesa humanidad, porque presentamos prueba de que el entonces gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, puso logística para cometer el hecho al servicio de Montoneros", señaló por Continental Claudia Rucci.

Sobre el planteo de la participación del Gobierno de Bidegain, el juez Lijo señaló que ‘las constancias obrantes en la causa no permiten acreditar la utilización de recursos estatales -más concretamente del Gobierno de Bidegain- en la planificación del atentado‘.