El reciente decreto del Gobierno que implicó un recorte en el pago de haberes de las cajas jubilatorias de 13 provincias generó un fuerte impacto en los gobernadores, desatando un nuevo conflicto. Entre las provincias afectadas se encuentra Santa Fe, cuyo secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, ha manifestado la posibilidad de recurrir a la vía judicial para resistir esta medida.

El decreto 280/2024 eliminó los anticipos que la Anses realizaba a aquellas provincias que no habían transferido sus cajas previsionales al Estado nacional, así como el Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior. Santa Fe, al igual que otras provincias como Buenos Aires, Chaco, Córdoba, entre otras, se vio perjudicada por esta decisión, siendo que según Boasso, el monto adeudado por Nación a Santa Fe asciende a alrededor de 700 mil millones de pesos.

El funcionario resaltó la importancia de las cajas de jubilaciones como aportes de los trabajadores durante su vida laboral, y expresó su preocupación por lo que considera "una apropiación indebida de fondos". Además, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer un país federal y propuso la aprobación de una ley de coparticipación inversa, donde los municipios y provincias recauden fondos para luego coparticiparlos a la Nación.

Ante este panorama, la posibilidad de un enfrentamiento judicial entre la provincia de Santa Fe y el Gobierno nacional parece estar en la mesa, en un contexto donde las diferencias en materia de fondos y recursos entre las distintas jurisdicciones continúan generando tensiones y debates sobre la distribución equitativa de los recursos.