En el contexto actual del transporte público automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se vislumbra una posible crisis debido a la falta de una ecuación sostenible en cuanto a tarifas y subsidios. Esto ha llevado a la amenaza de un paro de colectivos programado para el viernes 26 de abril, así como a la reducción de frecuencias en el corto plazo. Además, se contempla la posibilidad de despidos en el sector.

El sindicato UTA busca que se reconozca un salario básico mensual de al menos $ 987.000 para más de 50.000 choferes, lo que implicaría un aumento significativo en comparación con los costos reconocidos por las empresas. La estructura de costos actual establece un límite de $ 737.000 para los salarios de los choferes, lo que genera un desajuste económico.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, se muestra reacio a aumentar las tarifas de los colectivos debido a su impacto en la inflación, priorizando la estabilidad económica. Se busca evitar un mayor gasto público en subsidios al transporte para cumplir con las metas fiscales establecidas. Ante la falta de ajuste por precios, se prevé un ajuste por cantidades, lo que podría traducirse en la reducción de frecuencias y posibles despidos en el sector.

En este contexto, las empresas de transporte automotor se ven presionadas a tomar decisiones difíciles para adecuarse a una estructura de costos que refleje la realidad económica del país. La situación actual podría llevar a una disminución en la calidad del servicio, con menos unidades en circulación y posibles recortes en el personal.