El fiscal Gerardo Pollicita ordenó casi medio centenar de medidas para avanzar en la investigación de la denuncia que Alberto Nisman dejó antes de morir. Tres días antes de que fuera hallado sin vida, el encargado de investigar el atentado a la AMIA había alertado sobre un presunto plan para exonerar a los iraníes acusados por el ataque. Su presentación apuntaba no sólo contra la Presidente, sino también contra el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y los piqueteros Luis D`Elía y Fernando Esteche.

La batería de medidas de prueba solicitadas incluye desde allanamientos hasta el pedido de declaraciones testimoniales, pasando por la orden de hacer un cruce de las llamadas de los acusados en las fechas en que se registraron las escuchas presentadas por el difunto fiscal. Además, ordenó revisar el registro de visitas de la Casa Rosada y hacer un análisis de las celdas de las antenas de celulares para determinar dónde se encontraban los imputados mientras realizaban sus llamadas, según informa el diario Clarín.

Este viernes, Pollicita hizo lugar a la denuncia presentada por Nisman antes de morir y dispuso imputar a la Presidente y sus funcionarios. También fueron acusados el ex juez Héctor Yrimia, el presunto espía Allan Bogado y el activista Jorge Khalil, supuesto nexo con los iraníes. Ese mismo día la desgrabación de las 5.000 horas de escucha que hizo el titular de la UFI-AMIA en su investigación. Será el juzgado el que determine quién realizará esa tarea.

El fiscal ordenó también mantener toda la causa bajo secreto de sumario para evitar filtraciones de una investigación tan sensible. Sobre todo en lo que atañe a los allanamientos ordenados. De acuerdo a lo publicado por el diarioClarín, el investigador resolvió desestimar los lugares que Nisman había pedido allanar porque ya habían trascendido por la prensa. Nada se sabe de las nuevas locaciones que tiene en la mira.