El Gobierno disolvió ayer la estratégica Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que manejaba un presupuesto anual de 1157 millones de pesos y que estaba destinado a cubrir los gastos de tratamientos médicos de alta complejidad que prestan las obras sociales sindicales.

Así lo dispuso la presidenta Cristina Fernández a través de los decretos 1196, 1197 y 1198, publicados ayer en el Boletín Oficial. En todos los gremios, tanto los moyanistas como los más afines al Gobierno, hay malestar por la demora en el pago de reintegros por parte de la APE, un ente que quedó bajo sospecha cuando estalló la causa denominada mafia de los medicamentos.

Según investiga la justicia, desde los sindicatos había maniobras de falsificación de troqueles para cobrar remedios no entregados, lo que motivó la suspensión del envío de fondos desde el Gobierno.

La APE, en los últimos años, había sido gestionada por funcionarios cercanos a Hugo Moyano, que sufre otro mandoble político en el marco de su enfrentamiento con el oficialismo. El líder de la CGT exige el pago de una deuda de “15.000 millones de pesos”.

Por Continental, la diputada denarvaísta Graciela Ocaña, cuyo espacio se denomina ahora “Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad”, denunció que “se están usando los fondos de la APE para presionar a los gremios que responden a Moyano, como antes Moyano hacía lo mismo con los gremios que no le respondían”.