La acusación de Alberto Nisman al régimen iraní por infiltrarse en países latinoamericanos para perpetrar atentados encendió las alarmas en la región. La denuncia despertó el inmediato interés en el Congreso de los EEUU, en donde se sigue con preocupación cada una de las maniobras del gobierno de Mahmoud Ahmadinejad que reportan un riesgo para la seguridad internacional.

El fiscal que investiga el atentado contra la AMIA, en 1994, fue invitado entonces al parlamento de ese país para que exponga los resultados de su investigación. Debía hacerlo el martes 9 ante el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.

La presentación de Nisman fue, no obstante, frenada ayer por decisión de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. La funcionaria explicó que “la temática de la audiencia no guarda relación con la función del Ministerio Público”, razón por la cual no se pagarían los gastos. Aclararon luego que podría hacerlo si él se costeaba el viaje.

La decisión de la Procuradora no fue bien recibida entre quienes habían convocado al fiscal. El republicano Jeff Duncan, titular del comité, hizo pública su molestia en Twitter. “Invité al fiscal Nisman a testificar sobre la influencia iraní en el hemisferio pero el gobierno argentino negó su requerimiento. No es transparente”, se quejó.

El dictamen de Nisman describió cómo se armó una red de espionaje auspiciada por el régimen iraní y que tendría como objetivo la comisión de atentados terroristas en la región. La medida consiguió el respaldo de las autoridades de la AMIA y la DAIA, dos de las organizaciones más representativas de la comunidad judía de la Argentina.

La crítica de Duncan se suma a los reparos que otros congresistas han sostenido en cuanto a la decisión argentina de firmar un memorándum de entendimiento con Irán con el que se pretende avanzar en la investigación de la causa AMIA.