La Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) presentó hoy cuatro cargos criminales contra siete ex ejecutivos de la multinacional alemana Siemens por el pago de coimas multimillonarias a funcionarios argentinos en su afán por mantener vivo el "Proyecto DNI" .

La SEC dio así otro paso sobre lo ocurrido con el megacontrato de US$ 1000 millones para el control fronterizo y la confección de pasaportes y documentos nacionales de identidad. Tres años atrás, en diciembre de 2008, denunció la violación de los libros contables para ocultar el posible pago de sobornos. Ahora avanzó por esa senda. De este modo, el gobierno de Estados Unidos les imputó a siete ex ejecutivos de Siemens -entre ellos, dos argentinos- por lo ocurrido durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Para evitar posibles tergiversaciones de su presentación judicial, el director de la División de Aplicación de Leyes de la SEC, Robert Khuzami, enmarcó el caso en la figura de "coimas" y fue más allá. "La corrupción erosiona la confianza pública y la transparencia de nuestros mercados comerciales, y afecta el gobierno corporativa", afirmó.


Según la demanda, los hechos se remontan a 1998, cuando Siemens consiguió un contrato por valor de mil millones de dólares para fabricar 42 millones de nuevos documentos nacionales de identidad en Argentina.


Un año antes, la firma alemana ya había empezado a sobornar a funcionarios argentinos para asegurarse la licitación, que primero se suspendió por el cambio de Gobierno en 2001 y finalmente se canceló definitivamente.


El total del dinero entregado superó los 100 millones de dólares, 31,3 millones de los cuales fueron distribuidos a partir del 12 de marzo de 2001, cuando Siemens empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York y a estar por tanto bajo la supervisión de la SEC.


Los representantes de Siemens continuaron efectuando pagos en un intento por revivir el proyecto hasta principios de 2007, de acuerdo al texto de la denuncia.
Además, cuando la empresa inició un proceso de arbitraje para recuperar sus costes y beneficios esperados del contrato cancelado, pagó más sobornos para ocultar las pruebas de cómo logró el contrato original.



Siemens pudo así llevarse 217 millones de dólares más intereses, cantidad a la que renunció cuando en 2009 llegó a un acuerdo con las autoridades de Alemania, Argentina y Estados Unidos para resolver las demandas presentadas contra la compañía en esos países, y por el cual tuvo que pagar una multa adicional de 448 millones de dólares, explicó la SEC.


Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también presentó hoy contra los directivos cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas, transferencia ilegal de capital y blanqueo de dinero.


"Los negocios deberían fluir a la empresa con el mejor producto y el mejor precio, no el mejor soborno", indicó en un comunicado el director de la División de Investigación de la SEC, Robert Khuzami, quien subrayó que "la corrupción erosiona la confianza pública y la transparencia de nuestros mercados comerciales".


El fiscal de Manhattan, Preet Bahrara, destacó que los ejecutivos de Siemens "sobornaron a funcionarios gubernamentales argentinos en un exitoso complot para llevarse una licitación pública, y cuando el proyecto fue cancelado, intentaron recuperar los beneficios de un contrato adjudicado de forma ilegítima".