El diputado bonaerense Mauricio D’Alessandro, flamante incorporación del Frente Renovador de Sergio Massa, pidió hoy la habilitación de la feria judicial para frenar las designaciones de fiscales dispuesta por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
 
Mediante un planteo de “medida cautelar autónoma”, el abogado pidió a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que “disponga la suspensión de las designaciones del personal destinado a los cargos” creados por la ley de reforma del Código Procesal Penal.
 
Por Continental, D’Alessandro denunció una supuesta intención de Gils Carbó de “cubrir con ‘Fiscales Militantes’ cada una de las Cámaras Nacionales y Federales de Apelación con competencia penal en todo el país”, como una manera de “lograr la impunidad” de los funcionarios del gobierno investigados en casos de supuesta corrupción.
 
La presentación sostiene que la ley de reforma del Código Procesal surgió “luego de un debate parlamentario casi inexistente”.
 
“Una vez más nuestro país asiste perplejo a la sanción de un Código a nivel nacional, destinado por su naturaleza a regir durante décadas, con la sola voluntad del partido gobernante y toda la oposición expresando públicamente su rechazo”, reflexionó el legislador.
 
“Se crea gran cantidad de cargos de fiscales, secretarios y empleados sin ninguna fundamentación y con la sola finalidad de proceder a una especie de colonización de otro Poder del Estado por parte del Ejecutivo en un claro avasallamiento a la división de poderes”, insistió.
 
Según D’Alessandro, toda la ingeniería jurídica “tiene como único objeto cubrir las vacantes generadas taponando eventuales designaciones para el nuevo gobierno que surgirá de las urnas en octubre de 2015”.
 
“Estas conductas ilegítimas ya constituyen un patrón de acción de Gils Carbó, por el que también afronta causas penales en el fuero que se intenta cooptar, por la creación de estructuras fuera de la ley y el nombramiento de funcionarios a los que le ha otorgado administrativamente la facultad de ejercer la acción penal”, reiteró.
 
La acción judicial apunta a “obtener un pronunciamiento que le ordene al Poder Ejecutivo Nacional y la Procuración General de la Nación Argentina, abstenerse de iniciar el procedimiento de designación del personal destinado a los cargos creados”.