La iniciativa, promovida por el oficialista bloque de Unión por Córdoba (UPC), fue aprobada por mayoría y contó con el apoyo de todos los bloques de la oposición, con la excepción de Encuentro Vecinal Córdoba y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), según informaron fuentes legislativas.

De acuerdo con el legislador "delasotista" Carlos Gutiérrez, los hechos acaecidos el 3 y el 4 de diciembre pasado, cuando se acuerteló la Policía cordobesa, "merecían una respuesta política, que es la que ofrece este proyecto de ley".

"El policía no es un trabajador como cualquier otro. Es un trabajador público con una responsabilidad especial", agregó Gutiérrez, al justificar, en nombre del oficialismo, las razones de las sanciones previstas para los policías que se amotinaran.

Si bien lamentó "la falta de autocrítica de De la Sota", que le "echó la culpa de lo sucedido a las mujeres de los policías", la juecista María Fernanda Leiva apoyó la iniciativa, como todo su bloque (el Frente Cívico y Social), y lo mismo hicieron el socialista Roberto Birri, Javier Pretto (Pro) y Fernando Salvi (Frente para la Victoria).

"Esta norma ofrece muchos flancos y defectos formales. No obstante, la hemos apoyado, no sin dejar de decir ciertas cosas, porque es un fuerte gesto político frente a lo sucedido, que conmocionó a la provincia y que tuvo un sesgo desestabilizante", argumentó Birri.

En el mismo sentido, el titular del bloque radical, Eduardo Yuni, justificó que su bancada apoyaba la iniciativa, porque "se aceptó la sugerencia de que la ley y sus previsiones tuvieran un carácter excepcional".

En contra sólo se pronunciaron Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba), por entender que "el problema es mucho más grave de lo que quiere ver el `delasotismo`", y Cintia Frencia (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), que aseveró que la ley "no resuelve la descomposición e insubordinación de la Policía".

El artículo 1 de la ley establece que se busca "prevenir, evitar o disuadir hechos o situaciones que signifiquen una alteración en la subordinación jerárquica y\o disciplina inherentes a las fuerzas de seguridad, poniendo en riesgo la prestación normal del servicio que garantiza la convivencia, la paz social y la seguridad de los cordobeses".

El artículo 3 prevé que, quienes incurrieran en insubordinación, abandono de servicio y reclamo hostil -entre otras conductas-, serán considerados incursos en "falta gravísima, no siendo necesario sumario previo".

La misma norma estipula: "El personal involucrado quedará suspendido de inmediato, pasando a revistar en situación pasiva, e intimado a formular descargo en el término de 24 horas, vencido el cual el Poder Ejecutivo -mediante resolución fundada- podrá disponer la sanción segregativa y la consecuente baja de la institución".

La iniciativa había sido planteada por el gobernador, José Manuel de la Sota, el 1 de febrero pasado, durante la apertura del período de sesiones legislativas 2014, ocasión en la que había anunciado la implementación de un Consejo de Bienestar Policial.

"Será el ámbito donde se atenderán, analizarán y evaluarán las distintas iniciativas sobre condiciones de trabajo y remuneraciones de la totalidad de los agentes policiales, sin que se confunda con la inviable sindicalización", expresó De la Sota.

La ley, según el "delasotismo", intenta ser una respuesta a lo sucedido entre el 3 y el 4 de diciembre pasados, cuando se registraron saqueos y robos en la ciudad de Córdoba, aprovechando que los policías permanecían autocuartelados en demanda de mejoras salariales.