Desde hace días asistimos horrorizados al crimen de Lucio Dupuy en La Pampa, un niño de apenas cinco años que habría fallecido por los golpes de su madre,  Magdalena Espósito, y de su pareja, Abigail Páez. Hemos visto horas de transmisiones en vivo que exponen detalles cada vez más morbosos. ¿Cómo se resguardan los derechos de ese niño que tuvo una muerte tan espantosa? ¿Cuándo cruzamos el límite del morbo?

Los hechos están en plena etapa de investigación y surgen varios interrogantes que irá despejando la justicia. Mientras tanto, la difusión de los detalles de la autopsia  y de los abusos sufridos por el niño, no hacen otra cosa que alimentar el morbo y vulnerar la intimidad.  
Pero además de los hechos, hay que esclarecer las responsabilidades institucionales.

La familia paterna asegura que realizó numerosas denuncias judiciales y policiales que no habrían sido escuchadas. Si esto fuera así, existiría responsabilidad de los jueces y funcionarios que desoyeron los pedidos y advertencias. El fiscal también investiga la presunta existencia de numerosos ingresos del niño a centros médicos por lesiones compatibles con violencia doméstica, que no habrían sido denunciadas por los profesionales que lo atendieron.

En este sentido, la Defensora de la Niñez, Marisa Graham, declaró: "Si es cierto que el Hospital Evita de Santa Rosa lo atendió tantas veces y nadie advirtió nada, el problema está ahí, en el Sistema de Salud, no entiendo por qué lo filtran a los medios de comunicación en vez de haber advertido al organismo competente para prevenir este desenlace fatal". 

El gobierno de La Pampa anunció que puso a disposición de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas personal de los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Seguridad y Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para colaborar con el esclarecimiento del caso.

Toda denuncia de violencia hacia un niño debe ser investigada, quienquiera sea la persona acusada. Nunca hay que perder de vista que lo fundamental es preservar el interés superior del niño/a. Ahora bien, la violencia no tiene nada que ver con la orientación sexual de las personas acusadas.  Aunque parezca obvio, y en base a los comentarios de odio que proliferan en redes sociales, es necesario aclarar que la orientación sexual no predispone al crimen.

Otro dato importante para contextualizar el caso es que La Pampa es una de las pocas provincias que no tiene habilitada la línea 102 para denunciar hechos de violencia contra  niños, niñas y adolescentes. Según datos de UNICEF Argentina, el 70% de los niños de 2 a 17 años fueron sometidos a algún tipo de violencia (física, psicológica o sexual). Casi la mitad de los padres y madres reconocen que recurren a la violencia física como medida disciplinaria,  y todavía falta información sistemática sobre violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Reiteramos que a nivel nacional la línea 102 es la que funciona denunciar violaciones a los derechos de la niñez