El abogado de la mujer víctima de trata que no pudo abortar en un hospital porteño denunció por “incompetente” a la jueza Miriam Rustrán de Estrada, que hizo lugar a una medida cautelar de la Fundación ProVida para impedir la intervención, de carácter no punible.

“Buscamos que se respete la decisión de la señora de interrumpir al embarazo. Creemos que lo más pertinente es que intervenga la Corte Suprema”, dijo el letrado Pablo Vicente.

El abogado de la mujer de 32 años señaló: “estamos en presencia de una sentencia firme, en doble instancia, que avala el aborto en esos términos pero hay una incompetencia por parte de una magistrada que dice lo contrario. El máximo tribunal es quien debe dirimir”.