Durante la primera declaración indagatoria por la tragedia de Once, el presidente de TBA, Carlos Ferrari, se desvinculó del accidente al indicar que sólo cumplía "una función institucional" y apuntó contra el conductor de la formación que chocó en la terminal de la exlínea Sarmiento y a los responsables de las áreas operativas. El juez Claudio Bonadío, a cargo de la investigación, lo acusó por la utilización impropia del material ferroviario y de subsidios. Entre los convocados a indagatoria se encuentran los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

El que primero debía declarar era Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans, empresa que explota TBA, pero se presentó solicitando una prórroga de la indagatoria por problemas de agenda de su abogado.

Bonadio rechazó el pedido, ya que había adelantado que por "la gravedad institucional" del hecho no iba a aceptar prórrogas, y se dejó constancia que Gariboglio se negó a declarar y que se volverá a presentar más adelante.

El juez, quien estuvo presente en las audiencias, leyó a los acusados la imputación que pesa sobre ellos: "Impropia utilización del material rodante, de la infraestructura concesionada, del personal transferido y de los fondos que el Estado puso a su disposición para ofrecer un mejor servicio de transporte público de pasajeros, digno y confiable y con una superior calidad y frecuencia a la actual".