Argentina deberá pagar una suma considerable por el caso de la expropiación de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, dictaminó que Argentina deberá pagar 16.000 millones de dólares, una cifra significativamente mayor a la pretensión argentina de pagar no más de 5.000 millones de dólares. 

La diferencia en la cifra radicaba en el cálculo de intereses retroactivos desde la fecha de la irrupción de los funcionarios argentinos en YPF hasta la fecha de la expropiación aprobada por ley del Congreso. Argentina buscaba que la fecha de expropiación fuera el 7 de mayo de 2012, mientras que el fondo Burford sostenía que fue el 16 de abril de ese mismo año. Además, la jueza determinó una tasa de interés anual del 8%, argumentando que era apropiada y equitativa. El país tendrá que apelar la sentencia y, en caso de no obtener lo que busca, recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

Por Continental, Ariel Coremberg, asesor económico de Patricia Bullrich, señaló que, “Se privatizó YPF cuando el barril estaba a un precio bajo y la expropiamos cuando estaba carísimo”. En Bravo.Continental, agregó que "Los pasivos contingentes son mucho mayores que este fallo" y ya están "rondando los US$ 50 o 70 mil millones. Lamentablemente, a estos fallos hay que cumplirlos con cualquier Gobierno". 

En diálogo con Fernando Bravo, añadió que "El déficit total de las empresas públicas ya supera los 12 mil millones", pero que cualquier decisión sobre privatización o concesión de empresas públicas debe estar precedido por un recuento claro de “cuántas reservas hay” y qué compromisos hay que asumir.

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