La Constitución Nacional establece la división de poderes. El Estado cumple diferentes funciones que se atribuyen a poderes separados en una supuesta paridad y equilibrio, que supuestamente se controlan entre sí. El Ejecutivo administra, tienen injerancia en el Poder Judicial, por ejemplo, cuando el presidente elige entre una terna de candidatos a jueces para elevar su pliego al Senado, el Legislativo dicta normas que son obligatorias para el Ejecutivo y que el Judicial debe aplicar, y el judicial emite sentencias individuales que son obligatorias.

Eso, simplificado, es el funcionamiento del Estado diagramado por el cuerpo constitucional. Pero es, en definitiva, una ficción. Cuando ocurre algo como lo de ayer, en que el Ejecutivo decide expresamente no cumplir una sentencia de la cabeza del Poder Judicial, de hecho puede, porque la Corte no tiene como obligarlo. 

El poder real, esta concentrado en el administrador. En definitiva, es el que recauda y distribuye los ingresos del Estado. Es también el que maneja la violencia legítima, es decir, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. El Legislativo puede obligarlo a nada y tampoco el Judicial.

Es cierto, con el tiempo, quien ocasionalmente ocupa el Poder Ejecutivo, puede pagar las consecuencias penales de su accionar ilegal, pero eso siempre depende de los vaivenes políticos, otra vez, de quien detente el poder real, condenar penalmente a un presidente en ejercicio, es algo que no hemos visto que pueda ocurrir.

El verdadero poder de hecho, está claro, es uno. El que cumple las normas del Congreso si quiere, el que cumple las sentencias judiciales, si se le dá la gana. La ficción republicana depende de una condición mucho mas humana que legal: la buena fe. La aceptación común de que el sistema es obligatorio para todos, el sometimiento voluntario a la Constitución de todas las partes. De otro modo, el sistema republicano es una autarquía disfrazada.