A esta altura ya es aburrido. En todos los análisis financieros posteriores a los procesos electorales, la máxima autoridad electoral del país, encuentra madiante sus especialistas, infinidad de irregularidades en el financiamiento de la campañas de los partidos políticos. Esto es, no solamente una afectación o un incumplimiento de la norma por parte de quienes se candidatean para mandatarios, sino una afectación al sistema democrático.

Los límites en los gastos para las campañas existen por el motivo principal de generar paridad y equidad entre quienes buscar ejercer el constitucional derecho a ser elegidos, pero cuando los partidos con mas facilidad para obtener recursos, vulneran la norma, violan la equidad y afectan la libertad de decidir del pueblo.

El problema no es el como, porque hay muchos como. Tampoco es quien, porque en definitiva son casi todos los espacios. "No podemos competir con ellos si no hacemos lo mismo", dicen de ambos lados de la grieta. El problema en definitiva es la ley, que establece sanciones totalmente irrelevantes para los partidos que cometen infracciones a la ley de financiamiento.

El trabajo de la Cámara Nacional Electoral es puntilloso, en cada proceso, al punto que decenas de irregularidades saltan a la vista tras cada comicio, pero como se dijo, la sanción a aplicar es insuficiente, porque claro, se regula por una ley, que votan los mismos legisladores que luego se beneficiarán de esa insuficiente sanción. Es como si la ley penal tributaria, la dictarán los mismos evasores.

En esta ocasión, los peritos de la Cámara Electoral encontraron que, en Juntos, mas de 250 empleados del estado de la Ciudad de Buenos Aires fueron "donantes" en la campaña, por un monto superior a los 12 millones de pesos. Los auditores dicen que es probable que hayan sido presionados para los desembolsos, o que la donación no sea real por su parte, sino que oculte la donación hecha por un tercero que no quiere figurar.

Por otro lado, mas del 60% de los donantes privados de este espacio, no fueron cargados en la plataforma de la Cámara Electoral, como indica la norma.

Por el lado del oficialista FDT, los responsables financieros de la campaña informaron a la Justicia que no habían recibido donaciones privadas para la campaña, pero resulta que hubo 14 personas que informaron en la Plataforma de Aportes de Campaña haber desembolsado, en total, cerca de $850.000, es decir una torpeza ilimitada.

Por otro lado, la Cámara advirtió irregularidades de este espacio respecto a los gastos de campaña en redes sociales, por una importante diferencia entre lo que el partido denunció ante la justicia y el simple cotejo de la Biblioteca de Anuncios de Facebook.

Estas y otras observaciones fueron comunicadas a los partidos políticos que ahora, iniciaran el proceso de descargos y aclaraciones, que por cierto será eterno, rebuscado, complejo, e, incluso en el caso de que termine en sanciones, las mismas serán desde el punto de vista electoral, irrelevantes.