Según una investigación de José D’Angelo en el juzgado federal Nro. 4 a cargo del juez Ariel Lijo, se detectaron al menos 20 casos de ciudadanos uruguayos que recibieron indemnizaciones millonarias por parte del estado argentino por haber sido detenidos unos días y luego enviados a Uruguay, durante la última dictadura militar. Todos los pagos fueron autorizados durante el gobierno de Cristina Kirchner.