El anuncio del acuerdo del gobierno con el FMI, generó cierta tranquilidad en los mercados, pero el convenio general, el que cerró una voluntad de entendimiento a grandes razgos, ahora requiere convenir también la letra cicha y la cosa empieza a complicarse.

El Fondo Monetario Internacional quiere una reforma del sistema jubilatorio, que uno de los espacios que genera mayor gasto público. El sistema argentino que implica que el porte de los activos sostenga a los pasivos, se ve complicado por la enorme cantidad de trabajadores fuera de sistema y el aumento de la expectativa de vida.

En la mayoría de los países, ese sistema que nació a medidados del siglo XX ya ha sido modificado para adaptarlo a los tiempos que corren, pero el gobierno no quiere dar ese paso porque cree que complicaría su expectativa política.

Otro de los racaudos que pide el FMI es la actualización de tarifas, cuyo congelamiento se produjo con la pandemia y ahora, existe un fuerte retraso y la necesidad de mayores subsidios para mantener los servicios funcionando.

El problema es que los remedios que le encuentra el gobierno, no cumplen el fin. El ministro Martín Guzmán manifestó que revisarán las jubilaciones de privilegio. Incluso cuando hiciesen algo que nunca se pudo hacer, como modificar las jubilaciones de privilegio o derogarlas, la cantidad de dinero que se ahorraría sería ínfima, comparado con la expectativa del Fondo.

Lo mismo ocurriría si la actualización de tarifas se hace solamente en determinados barrios, como propuso el gobierno respecto a la tarifa de la electricidad, unos pocos pagando mucho más no equilibran el sistema.

Son atolladeros de los que deberá salir la adminisrtración de Alberto Fernández si pretende llegar a un acuerdo real con el organismo y que además, pasa por el Congreso, donde las fuerzas están equilibradas con la oposición.