La Corte Suprema de Justicia rechazó un último recurso del empresario Guillermo Coppola por el reclamo de una indemnización por el tiempo que pasó detenido en la denominada "causa del jarrón", en la que estuvo imputado por drogas, aunque luego se comprobó que el caso había sido armado por funcionarios de la justicia federal de Dolores.

La justicia rechazó el resarcimiento porque la causa había sido declarada prescripta, es decir que transcurrió el plazo máximo previsto en la legislación para iniciar la acción judicial.

En diciembre de  2005 por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, rechazó la acción y luego el caso pasó a la Corte, que en su último acuerdo con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, cerró definitivamente el pedido de resarcimiento.

De acuerdo a las constancias del caso, la Corte había intimado a Cóppola, a pagar un "depósito" de cinco mil pesos previsto para los casos de "recursos de queja", pero el pago nunca se efectuó, por lo los jueces consideraron que "corresponde desestimar el recurso interpuesto".