El ministro de la Corte Suprema de Chile, Adalís Oyarzún, ordenó la “detención preventiva” del destituido juez argentino Otilio Romano, imputado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Oyarzún había solicitado en enero pasado al Ministerio del Interior un informe sobre la petición de refugiado que hizo a Chile el destituido camarista, prófugo de la Justicia argentina desde agosto.

De esta forma, se avanza en el pedido de extradición de Romano solicitado por la justicia argentina por considerarlo partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.