La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este lunes que el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley Antibarras. A través de este proyecto, se busca crear la figura de la asociación ilícita futbolística, ampliando los delitos relacionados con espectáculos deportivos y actividades vinculadas.
La iniciativa apunta a combatir el financiamiento de las barras bravas, castigando a dirigentes de clubes y autoridades que faciliten entradas o permitan el ingreso de armas a las canchas. Se amplían los delitos, incluyendo a organizadores de espectáculos, y se castiga la reventa de entradas de protocolo. Se mantiene la inhabilitación administrativa para personas imputadas o que generen violencia.
Este proyecto se presenta tras los incidentes violentos en la marcha de jubilados, donde Bullrich vinculó a barrabravas y a intendentes del Conurbano con la organización. El objetivo es terminar con los negocios que rodean a las barras bravas.
Bullrich enfatizó que esta ley permite avanzar sobre un tipo de violencia y organización perjudicial para Argentina. Las barras se alquilan por dinero, generan custodias en la economía informal y participan en negociados de camisetas y entradas, generando un clima de apriete permanente, afirmó.
Se castigan los mecanismos de financiamiento, a menudo avalados por los clubes. Se castigará a los dirigentes que faciliten entradas y a las autoridades que alquilen micros o permitan el ingreso de armas. Se encontró armas de fuego y blancas que pasaron los controles o estaban dentro de las canchas días antes (además de la que intentó plantar la policía y quedó filmada).
Se continuará con la inhabilitación administrativa para personas que generan conductas violentas. Esta autoridad, antes en manos de los clubes, está en manos del Estado desde 2016.
