El reporte elaborado por un Comité de la Cámara de los Lores británica explica que la expresión "derecho al olvido" es engañosa ya que la información cuya eliminación se solicita no desaparece, sólo se dificulta el acceso.

Esto ocurre a raíz del fallo del TJUE que en mayo determinó que los buscadores de Internet deben eliminar de sus listas de resultados los links que lleven a datos personales publicados por terceros, cuando el afectado por esos datos lo solicite.

Desde entonces, el buscador de Internet más utilizado en Europa, Google,recibió más de 70 mil peticiones de eliminación de enlaces de unos 250 mil sitios, y creó además un consejo de expertos para analizar las solicitudes.

Para la Cámara de los Lores, la sentencia "no es viable" por una serie de argumentos.

El primero de ellos refiere a que el fallor no tiene en cuenta "el efecto que tendrá la decisión en los motores de búsqueda más pequeños que, a diferencia de Google, es probable que no tengan los recursos para procesar las miles de solicitudes de eliminación de enlaces que puedan recibir".  

Otro de los argumentos hace hincapié en el rol fiscalizador que le otorga el fallo a los buscadores al afirmar que "los motores de búsqueda no deben clasificarse como controladores de datos".

Y por último consideran "errónea" la decisión del Tribunal de Justicia europeo porque "deja a los buscadores la tarea de decidir si desea eliminar la información o no, en base a criterios vagos, ambiguos y poco útiles".