La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) rechazaron la resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.

Por Continental, Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, deploró la actuación judicial sanjuanina. "Acá todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó un millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental", argumentó en La Mirada Despierta. 

Para Viale, "La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada' cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina". Para graficar la, a su juicio, connivencia entre el Gobierno provincial y la minera canadiense, el letrado expresó: "Yo le puedo asegurar que la mina está instalada sobre glaciares. El inventario de glaciares, de la Ley de Glaciares (de 2010), tenía que realizarse en 180 días, y en San Juan todavía no ha empezado".

"Exigimos el inmediato esclarecimiento del incidente, con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero", redondeó Viale.