El fiscal federal Federico Delgado, quien investigó la tragedia de Once, consideró que existió un "pacto" entre la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y el gobierno que "disolvió" toda instancia de control en el servicio de la línea Sarmiento.
 
"Esa complicidad, probablemente anclada en un pacto (expreso o tácito no interesa) entre TBA, la CNRT y la secretaría de Transporte, disolvió cualquier chance de control real. Esto significa que la instancia de control alcanzó un simple plano formal que no llegó a ser real", sostuvo.
 
Delgado hizo esas consideraciones en su requerimiento de elevación a juicio de enero 2013 que fue leído hoy por el Tribunal Oral Federal 2 en la primera audiencia del proceso por la tragedia de Once.
 
El fiscal aseguró que entre 2003 y 2009 los subsidios que el gobierno le dio a TBA crecieron un 132 por ciento, pero "no se reflejó en el servicio".
 
"El Estado inyectó fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar", advirtió el fiscal, y agregó que "esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal en la producción de un hecho".
 
En ese marco, Delgado acusó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y al ex dueño de TBA Mario Cirigliano, junto al resto de los ex funcionarios y ex directivos de la empresa.
 
Sobre el maquinista Marcos Antonio Córdoba, el fiscal sostuvo en su pedido de elevación a juicio que "ingresó a la estación a una velocidad mayor a la permitida y con el dispositivo de seguridad 'hombre muerto' desactivado", por lo que "fue imprudente en su arte o profesión".
 
El fiscal concluyó su pedido de juicio afirmando que "los hechos son fuertes, las pruebas sólidas, la instrucción fue impecable", por lo que "el juicio debería fluir hacia la aspiración del preámbulo de la Constitución Nacional resumido en la fórmula 'afianzar la justicia'".