El fiscal de la Cámara Penal y Contravencional de la Ciudad, Martín Lapadu, confirmó que la Justicia porteña intervino en el conflicto suscitado por la huelga de los recolectores de basura que perjudicó a miles de personas.

"El Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado cartas y desde ayer en la Unidad Fiscal Norte, la magistrada Celsa Ramírez, abrió una causa por las contravenciones generadas y estará citando a las personas responsables", informó Lapadú.

El fiscal precisó también que entre algunas de las faltas cometidas por los sindicalistas se destaca que por la protesta "se colocaron sustancias insalubres en lugares públicos y se afectó el funcionamiento de un servicio público". Asimismo, precisó que, de acuerdo con el código, hay penas accesorias que recaerían sobre los gremialistas, "que llegarían incluso hasta la inhabilitación por dos años de los dirigentes sindicales".