La Justicia de Rosario procesó a las once personas imputadas en la causa por la explosión ocurrida el 6 de agosto pasado en un edificio de esta ciudad que dejó 22 muertos y 70 heridos, quienes continuarán el proceso en libertad, informaron fuentes judiciales.

La resolución firmada este jueves por la jueza de instrucción Nº 10 de Rosario, Irma Patricia Bilotta, procesa por "estrago culposo agravado" a los once imputados en el caso y les traba embargo por distintos montos, añadieron los informantes.

Y explicaron que esa figura penal tiene una pena máxima de cinco años de prisión.

La fiscal del caso, Graciela Arguelles, consideró como "un avance en la causa" el procesamiento de los acusados y dijo que está "conforme" con la resolución.

"Estoy conforme con el fallo, es muy fundado, con cuestiones de hecho, con pruebas contundentes, estoy conforme porque se hizo lugar al pedido de la Fiscalía", dijo la funcionaria judicial.

Según explicaron fuentes judiciales, los once imputados son el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, quienes trabajaban en el edificio al momento de la explosión y alcanzaron a escapar, y otro gasista que había realizado tareas semanas antes en el regulador, José Allala.

Además, la jueza Bilotta procesó por el mismo delito a la gerente técnica de la empresa concesionaria Litoral Gas, Viviana Leegstra; al jefe de inspectores Claudio Tonucci; y a tres inspectores de la firma identificados como Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba.

Por último, la magistrado dictó el procesamiento de Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, encargados de la administración del consorcio del edificio de calle Salta 2141.

Según la fiscal Arguelles, "desde el punto de vista de la hipótesis que ha sustentado la Fiscalía nuestra imputación llega hasta la gerente técnica (de Litoral Gas)".

"No vemos desde el punto de vista de la responsabilidad penal la posibilidad de ampliar (la imputación) a otros directivos de la empresa", abundó la fiscal en declaraciones a la prensa.

En esa línea sostuvo que "tampoco de cambiar la figura del estrago culposo por un accionar doloso", al entender que lo que provocó la tragedia fue una cadena de omisiones y negligencias.

"Las pruebas apuntan a un estrago culposo y llegan hasta la gerente, no podemos extender la responsabilidad penal a otras personas", insistió la fiscal, quien aclaró: "No estoy hablando de la responsabilidad civil ni de responsabilidad de la empresa, que es motivo de un sumario administrativo que está haciendo el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)".

A las 9.30 del 6 de agosto del año pasado una fortísima explosión sacudió buena parte del centro de Rosario, tras lo cual una columna de humo comenzó a verse desde los edificios cercanos a Salta y bulevar Oroño.

La explosión, originada según la investigación en una importante fuga de gas, provocó la implosión de una de las torres del edificio de tres cuerpos ubicado en Salta 2141 y daños graves en los otros dos.

El suministro de gas recién pudo ser interrumpido dos horas después de la explosión, lo cual retrasó el ingreso de bomberos para rescatar a los sobrevivientes del siniestro.

La tragedia dejó 22 muertos -los últimos fueron encontrados en los escombros una semana después del estallido- y 70 heridos, además de otras 300 personas afectadas de algún modo por la explosión.