Un subinspector de la Policía Federal será sometido a juicio oral y público por matar a un presunto ladrón, a quien le disparó al menos 15 veces -una de ellas a medio metro de distancia- durante una persecución, en un aparente caso de "gatillo fácil".

Se trata del oficial Mario Ariel Maidana, quien está procesado por los hechos ocurridos en la noche del 14 de febrero de 2012 en cercanías de las calles Bilbao y La Fuente (Flores), donde se inició la persecución que terminó con la vida de Juan Carlos Guerrero en la esquina de colectora Dellepiane y avenida Escalada (Villa Lugano).

Según la acusación de la fiscal Silvana Russi, "Maidana habría efectuado disparos hacia el conductor de una camioneta Chevrolet, Juan Carlos Guerrero, el cual conforme surge en los términos de la autopsia se supone que habría sido efectuado a una distancia de disparo menor a 50 centímetros, o sea a corta distancia".

Pericias posteriores determinaron que la camioneta en la que se desplazaba Guerrero "registraba 15 orificios aproximadamente de los cuales siete se encontraban en el lateral izquierdo", es decir del lado en el que se ubicaba la víctima mortal.

"Este no es un dato menor si se tiene en cuenta que el móvil policial sólo registraba un solo orificio de bala en la puerta delantera derecha. Evidentemente hubo un enfrentamiento armado cuantiosamente desproporcionado que terminó 15 a uno a favor de los policías y con un presunto ladrón muerto", sostuvo por su parte el juez de instrucción Juan Ramos Padilla, al enviar la causa a la etapa oral.

Maidana explicó en su indagatoria que había repelido una agresión por parte del supuesto asaltante y un acompañante: "No pude ver si me disparó, yo veía su movimiento y mis fogonazos, fue todo muy rápido pero no estoy seguro que me haya disparado, pero sí estoy seguro que me apuntó y hacía los movimientos como para disparar".

Según la acusación, "el quehacer de Maidana y sus justificaciones tampoco se encontrarían amparados en la reglamentación de la Policía Federal Argentina". La causa fue elevada a juicio por el delito de "homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro integrante de la policía federal, y mediante el empleo de un arma de fuego, con exceso en la legítima defensa", una figura que contempla una pena de hasta 11 años y medio de cárcel.