La Justicia y la Policía Federal detuvieron a un hombre que simulaba ser funcionario público y usaba el nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y de otros legisladores para realizar estafas con la venta de autos.

Fuentes judiciales informaron que el acusado, con antecedentes y condenas por estafa, fue detenido junto con otras tres personas por orden del juez federal Sebastián Casanello acusadas de integrar la organización.

La causa se inició en noviembre del año pasado, cuando Domínguez denunció que se estaba utilizando su nombre para concretar estafas y pidió que se investigue.

La Justicia descubrió que el hombre enviaba faxes, cartas y mails a empresas y personas del interior del país de un supuesto Organismo Nacional de Regulación de Importación y Exportaciones que llevaban el sello de Presidencia de la Nación y que ofrecía autos de alta gama y maquinarias agrícolas a precios muy inferiores a los del mercado.

Por ejemplo, un Audi A4 costaba 65 mil pesos; un BMW 320, 68 mil pesos, y un Mercedes Benz 350, 69 mil pesos.
Para eso utilizaba el nombre del funcionario Fabián Di Risio y pedía un depósito del 10 por ciento del precio del valor del auto para poder liberarlo del puerto y pagar las tasas correspondientes.

Ante los interesados, el sujeto decía que el depósito debía hacerse a nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, o los diputados Jorge Rivas y Luis Basterra, a quienes se los vinculaba como los administradores de los fondos.

Si alguien era víctima de la estafa, un miembro de la organización se presentaba en una sede de la empresa Western Union de Florencio Varela a cobrar el dinero depositado con documentos falsos de Domínguez o de los otros diputados.

Tras la maniobra, los estafadores dejaban de usar las líneas de teléfonos para que las víctimas no puedan ubicarlos y utilizaban otras nuevas para reiterar la maniobra.

La Justicia dio con el lugar desde donde se realizaban las estafas mediante los teléfonos que las víctimas aportaron y se descubrió que era una casa en la Florencio Varela que tenía una central telefónica para desviar líneas y un cartel de la empresa ADT, cuyos servicios habían sido contratados por el sujeto.

Así, el juez Casanello ordenó intervenir los teléfonos y se llegó a determinar cómo se concretaba la maniobra de estafa.

"Es mercadería sin destinación aduanera de gente que no se presentó a consumo. Como la Aduana no se encarga de vender más, lo saca Presidencia de la Nación para gente recomendada", le dijo el imputado en una escucha registrada por la Justicia a un interesado que llamó tras recibir los documentos y listado de autos falsos.

El juez Casanello comprobó seis estafas concretadas e investiga otras 20 y ordenó el allanamiento a la vivienda del acusado y otros lugares donde se encontraron sellos de Presidencia de la Nación, las cartas con las que iniciaba las estafas y guías de Páginas Amarillas que se usaban para seleccionar a las víctimas.

Junto con el sujeto fueron detenidas dos mujeres que trabajaban con él -una hacía de secretaria y otra que identificaba a las empresas- y el encargado del local de Western Union donde se cobraban las estafas.

Cuando fue indagado, el imputado se negó a declarar y quedó detenido en la cárcel de Devoto. Ahora el juez Casanello deberá resolver su situación procesal y la del resto de los acusados.