Ocho policías serán sometidos a juicio oral por la denominada "Masacre de Wilde", un emblemático caso de gatillo fácil en el que cuatro personas fueron asesinadas a balazos por efectivos de Investigaciones, que efectuaron unos unos 200 disparos durante el hecho, en enero de 1994 en esa localidad del partido bonaerense de Avellaneda, informaron hoy fuentes judiciales.

A 20 años del hecho, el juez de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, hizo lugar al pedido del fiscal Sebastián Scalera y elevó la causa a juicio bajo la calificación de "cuádruple homicidio simple" y un "homicidio simple en grado de tentativa", ya que una de las víctimas logró sobrevivir.

La resolución del magistrado es "la primera decisión interlocutoria que acusa directamente a los ocho ex integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús por el hecho y es considerada histórica", explicó a Télam un vocero.

Además de enviar a los efectivos a juicio, Vitale rechazó los planteos de sobreseimiento y prescripción planteados por las defensas.

Tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de diciembre, en el que se revocaron los sobreseimientos de los policías, el magistrado recibió la causa en abril, la reabrió y citó a declaración indagatoria a los imputados, que se negaron a declarar.

Luego, procesó a los efectivos y les ordenó que se presentaran en su juzgado una vez por semana, ya que se encuentran en libertad.

Actualmente, sólo queda pendiente de resolución un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual les permite a los policías evitar por ahora ir a prisión.

Los policías que serán sometidos a debate oral son el subcomisario Oscar Mantel, los oficiales Julio César Gatto, Hugo Reyes y Marcelo Valenga, y los suboficiales Francisco Dudek, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, y Marciano González.

Por el caso, también estuvieron imputados el comisario César Córdoba y el suboficial Carlos Saladino, pero fallecieron, en tanto que el suboficial Marcos Rodríguez se encuentra prófugo.

La "Masacre de Wilde" ocurrió el lunes 10 de enero de 1994, cuando policías de investigaciones persiguieron a los ocupantes de dos autos "al confundirlos con los delincuentes" que buscaban y los asesinaron a balazos, según declararon en su oportunidad.

Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Edgardo Ciccutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz.

De acuerdo a la investigación, un Renault 21 en el que se conducían cuatro efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, interceptó el paso y chocó el Peugeot.

Minutos después, se sumaron otros cinco policías que llegaron en otro vehículo y acribillaron a balazos el Peugeot, por lo que murieron los tres ocupantes.

Díaz trató de eludir esa escena, pero un grupo de los policías lo hicieron detener, bajar del auto con sus manos en alto y lo obligaron a tirarse al piso.

Cuando Ciccutín trató de hacer lo mismo fue baleado y luego murió en el hospital de Wilde por esas heridas.

De acuerdo a los peritajes, ambos vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros, disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

La jueza de Lomas de Zamora Silvia González detuvo a los 11 policías que habían intervenido en el hecho, pero luego de permanecer unos meses con prisión preventiva, fueron liberados por la Cámara de Apelaciones y Garantías.

Estos policías integraban la Brigada de Investigaciones de Lanús, cuyo subjefe era entonces el comisario Juan José Ribelli, quien fue detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA.

En 1995 fueron sobreseídos provisoriamente; tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003, volvieron a ser beneficiados por la misma medida y en 2007 le convirtieron el beneficio en definitivo.

En diciembre, la Corte provincial revocó los sobreseimientos definitivos de Gatto y Dudek al entender que "aún cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos", lo cual permitió que la causa retomara impulso.

Al conocerse ese fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) justamente estaba analizando el caso.