A contramano de sus intereses y a pesar de tener mayoría en el Congreso, los republicanos no tratarán de bloquear en el Congreso la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores de terrorismo, debido a que legalmente no pueden impedir que el gobierno lo haga. La congresista republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen iba a introducir esta semana un anteproyecto de ley en la Cámara de Representantes con el que pretendía bloquear la salida de Cuba de la "lista negra" que elabora el Departamento de Estado, pero tuvo que desistir de su decisión.

"No podemos cambiarlo", reconoció Ros-Lehtinen en una entrevista con la revista Foreign Policy. "Nos lo dijeron expertos en reglas parlamentarias: simplemente no se puede hacer", añadió la congresista republicana de origen cubano. La legisladora, que es abiertamente anticastrista, explicó a la revista que la confusión sobre la autoridad del Congreso para bloquear la decisión de Obama de sacar a Cuba de la lista, proviene de un malentendido con la ley Helms-Burton, que en 1996 endureció el embargo económico y comercial contra la isla. 

Los republicanos pretendían imponer la mayoría que tienen en el Congreso para frenar los planes de Obama. "Una resolución conjunta (de la dos cámaras del Congreso) no hubiera tenido el efecto práctico de bloquear la salida de Cuba de la lista de cada legislación, como muchos asumieron que ocurriría", se justificó a través de un comunicado Ros-Lehtinen. La congresista cubanoamericana considera que se debe garantizar que las leyes que apruebe el Congreso respecto a Cuba sean "relevantes y tengan un efecto legal significativo".

Tras escuchar la recomendación del Departamento de Estado, Obama comunicó el pasado 14 de abril al Congreso su decisión de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo. En la nómina -en la que todavía están Irán, Sudán y Siria- se incluye a países que a juicio de Washington han ofrecido apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional. La medida, que entrará en vigencia 45 días después del anuncio del presidente según las leyes estadounidenses, era una de las exigencias más reiteradas por La Habana en las actuales negociaciones diplomáticas para restablecer las relaciones diplomáticas bilaterales.