El presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, elevó al Congreso un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con ciertas similitudes con la normativa argentina de octubre de 2009. Su contenido completo se desconoce públicamente, para evitar operaciones contra la ley hasta último momento, por lo que sólo se conocen algunos aspectos del proyecto a través de trascendidos periodísticos.

Por Continental, el diputado Aníbal Pereyra consignó que el texto consta de unos 190 artículos consensuados por 15 estudiosos designados por los sindicatos, el mundo académico, organizaciones no gubernamentales y representantes de las cámaras empresariales del sector.

En La Mañana, explicó que el proyecto “considera a la comunicación audiovisual como un servicio cultural, además de tener un carácter económico”. Se busca adaptar el funcionamiento de los medios a normas internacionales de protección de la libertad de expresión, libertad de información y la Convención sobre Diversidad de Expresiones Culturales adoptada por la Unesco.

Otros puntos que trascendieron son la prohibición taxativa de mecanismos de censura indirecta o presiones para afectar la independencia de los medios; una “cláusula de conciencia” para proteger a los periodistas de la manipulación que pretendan ejercer los empresarios periodísticos, que incluye “un despido especial ante un cambio de línea editorial del medio que afecte en forma grave su integridad profesional o ética”, así como el derecho a no firmar una producción propia que ha sido manipulada.

También hay cláusulas antimonopólicas y antioligopólicas, aunque garantiza la actual estructura de medios “al menos durante otros veinte años”, y se da un plazo de cinco años para adecuarse a la nueva situación.