La justicia egipcia reabrió  las heridas de la revolución, aún doloridas y mal cerradas en una turbia transición. Un tribunal de apelaciones falló a favor del recurso interpuesto por el ex presidente Hosni Mubarak, anuló su condena a cadena perpetua y ordenó la celebración de un nuevo juicio.

El dictador depuesto cumplía la misma pena que su ministro del Interior, Habib al-Adly, a causa de la muerte de más de 850 personas en la represión de los manifestantes durante la rebelión que puso fin al antiguo régimen.

En aquel largo y mediático juicio, que fascinó al país entero, fueron absueltos los hijos del dictador, Gamal y Alaa, además de seis altos cargos policiales. Todos ellos deberán comparecer de nuevo ante la justicia.

Casi dos años después de la victoria de la plaza Tahrir en su pulseada con el último faraón, ningún responsable de las fuerzas de la seguridad fue condenado aún por la matanza cometida durante los 18 días en los que se extendió la revuelta.

Las fuerzas revolucionarias atribuyen este hecho a la falta de cooperación de las autoridades policiales con las investigaciones judiciales. Y es que el aparato represivo del Estado no fue aún purgado o reformado por el nuevo gobierno presidido por el islamista Mohammed Morsi.

El juicio a Mubarak podría no ser el único en repetirse. Una comisión de investigación creada por el presidente Morsi aportó nuevas evidencias sobre la muerte de los manifestantes, y la fiscalía está estudiando la posible reapertura de varios procesos.

El veredicto judicial sorprendió a pocos analistas. En junio pasado, cuando llegó el veredicto a Mubarak, varios juristas ya señalaron que los cimientos legales de la sentencia eran endebles. En una larga disertación previa a pronunciar la condena, el propio juez admitió que no disponía de pruebas concluyentes contra el dictador. No obstante, consideró que, como jefe del Estado, debía asumir la responsabilidad penal por la matanza.

De momento, el veredicto no propiciará la salida de prisión de Mubarak y Al-Adly, ya que ambos están procesados por otras causas de corrupción y abuso de poder. En particular, al ex presidente se lo acusa de haber recibido regalos valorados en cerca de un millón de dólares por parte del director del diario Al-Ahram.