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El último testamento de Augusto Pinochet, sin nombres ni cifras

La apertura del último testamento decepcionó a los investigadores, que esperaban encontrar pistas que ayuden a probar que el ex dictador y su familia desviaron millones de dólares del tesoro público en beneficio propio.

El último testamento de Augusto Pinochet, sin nombres ni cifras
El testamento que el ex dictador chileno Augusto Pinochet escribió en 2005 contiene sólo un cambio de albacea y no presenta revelaciones acerca de la presunta fortuna familiar, estimada en 26 millones de dólares.

La apertura del último testamento de Pinochet decepcionó a los investigadores, que esperaban encontrar allí algunas pistas que ayuden a probar que el ex dictador y su familia desviaron millones de dólares del tesoro público para su beneficio propio.

La diligencia, realizada en un juzgado de Santiago, determinó que el texto hacía una modificación del testamento original, escrito en 2000, según la cual Julia Ormazábal reemplazaba a Oscar Aitken en el cargo de albacea.

El encargado de abrir y leer el testamento fue el notario Eduardo Avello, quien estuvo en compañía del abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, además de los dos testigos Carmen Carmona y Jorge Aguilera.

La apertura del testamento había sido ordenada por la jueza Soledad Aravena por pedido del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Alvaro Quintanilla, representante del CDE que estuvo presente en la apertura, explicó que "en contra de lo que se esperaba, la disposición de este testamento era sólo una modificación de otro testamento anterior, del año 2000, y el contenido era exclusivamente la modificación de la persona del albacea o ejecutor testamentario, en razón de que el anteriormente designado había renunciado".

"El anterior era don Oscar Aitken y el nuevo ejecutor testamentario designado es la señora Julia Hormazábal", dijo Quintanilla sin ocultar su decepción.
El escándalo por la fortuna de Pinochet, bajo cuyo régimen fueron ejecutadas y desaparecidas más de 3.000 personas, estalló a partir de una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre lavado de dinero en ese país, en el marco de la llamada lucha antiterrorista.