A pesar de la tensión que rodea a la consulta soberanista no oficial y simbólica que Cataluña celebrará bajo prohibición el próximo domingo 9 de noviembre, los Mossos d’Esquadra (policía catalana) custodiarán la votación como si se tratara de una manifestación, evento festivo o deportivo de riesgo.

El gobierno catalán movilizará a 6.992 agentes de los Mossos d'Esquadra (entre personal en servicio y reservas) para garantizar el orden público pero no tiene previsto asumir la custodia de las urnas donde 7,5 millones de habitantes de Cataluña están llamados a expresar su opinión favorable o contraria a la independencia de la norteña región de España.

“En elecciones –sean municipales, regionales o generales- el papel de la policía es estar en los colegios electorales, pero este no es el caso”, remarcó en declaraciones a Télam un portavoz de los Mossos d’Esquadra.

Los agentes policiales se situarán en las zonas donde se vayan a producir aglomeraciones, pero no estarán ni en las colas de los establecimientos de votación –escuelas o edificios públicos del gobierno catalán o municipal- ni dentro de ellos, salvo que sean requeridos por la comisión de algún delito o incidente.

En cuanto al operativo, el consejero de Interior catalán, Ramón Espadaler, explicó que su departamento “sólo actúa ante la previsible movilización ciudadana como lo haría en una final futbolística, un premio de Fórmula 1, un 11 de septiembre ó 12 de octubre –día nacional de Cataluña y de la hispanidad, respectivamente-“, considerados jornadas sensibles.

Sin embargo, a menos de 48 horas de la cita, que perdió peso político pero continúa siendo crucial para las aspiraciones independentistas de Cataluña, todas las miradas están puestas en una eventual orden por parte de la Fiscalía a la policía catalana para que retire las urnas.

El motivo sería la comisión de un delito de prevaricato por parte del presidente catalán, Artur Mas, principal impulsor y artífice de la votación, quien estaría incumpliendo la suspensión de la consulta dictada el martes por el Tribunal Constitucional (TC) ante la impugnación presentada por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy.

El dilema estará en manos del Ministerio Público que, todo apunta, no actuaría de oficio por orden del Ejecutivo español, sino frente a las denuncias que puedan presentar partidos políticos u organizaciones antisoberanistas.

Al menos el partido xenófobo y utraderechista catalán Plataforma per Catalunya, ya anunció que el domingo por la mañana presentará una denuncia ante los juzgados de guardia para denunciar un delito de desobediencia y probable de sedición ante la multitudinaria movilización separatista prevista para la votación.

Ante la posibilidad de una orden judicial que impida el proceso consultivo, el consejero de Interior catalán dejó claro que la policía catalana –que tiene competencias en seguridad ciudadana y policía judicial- acatará la decisión.

No obstante, el responsable de seguridad cree que se trata de una “hipótesis lejana”. Además, desmintió que el gobierno central haya enviado a Cataluña refuerzos de la Policía Nacional – que ejerce funciones principalmente de asuntos relativos a inmigración y narcotráfico- con motivo del 9N, y ante la posibilidad de que los Mossos no cumplan con la ley.

El vocero del sindicato de los Mossos d’ Esquadra, Valentín Andón, también afirmó que ante una orden judicial de retirar las urnas los policías obedecerán, aunque confía en que no se llegue a ese extremo.

Por otro lado, las autoridades están alertas a cualquier tipo de incidente que puedan protagonizar grupos ultraderechistas españoles.

En las redes sociales circula una convocatoria de la organización ultra La España en Marcha, que llama a concentrarse a las 12 del mediodía frente a la sede de la Delegación del gobierno español en Cataluña. “El separatismo es un crimen que jamás perdonaremos”, afirman en sus folletos.

La policía ya activó este lunes un pre alerta, que será alerta máxima a partir de las 6 horas del domingo para que todo funcione, indicó Interior en un comunicado.

El presidente catalán insiste en que la cita con las urnas no es una consulta ni un referéndum sino un “proceso de participación” a la que están llamados todos los catalanes para decidir su futuro.

El proceso consultivo fue la alternativa planteada por Mas para sustituir el referéndum inicialmente impulsado por su gobierno y que también fue vetado por el TC por pedido del gobierno central de Rajoy.

El Ejecutivo central considera que la nueva consulta -que carece de garantías electorales básicas como un censo previo- es ilegal y un intento encubierto de celebrar el referéndum soberanista, ya que mantiene la fecha y las preguntas originales.

En las últimas horas, el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, afirmó que se permitiría la celebración de la consulta si no era “promovida” directamente por el gobierno catalán, ya que no se estaría violando la ley.

"El ejercicio de cualquier libertad, de los derechos de los ciudadanos, de expresión, eso nadie va a impedirlo", dijo Catalá. Pero esa opción no parece muy probable. “Tenemos el compromiso de liderar la consulta”, respondió hoy el vocero del partido de Mas, CiU (Convergencia i Unió), Jordi Turull.