La Justicia tiene en sus manos un lapidario informe de la Auditoría General de la Nación sobre Fútbol para Todos, que la AGN no puede dar a conocer porque aún es preliminar porque el Gobierno retrasa información. La jueza María Servini de Cubría le pidió a ese organismo que le envíe los datos, mientras se espera que el Gobierno haga su descargo, según publica el diario La Nación.

Entre los puntos más polémicos que da cuenta La Nación aparecen:

-Falta de control: la ausencia de cláusulas o facultades de control en el contrato con la AFA impide al Estado monitorear la ejecución del gasto por parte de la AFA.

-Pagos a proveedores y prestadores: se encontraron numerosas irregularidades y deficiencias. Predominan las contrataciones directas con las mismas empresas: la Corte en la producción de los partidos, VTS en los móviles y Farolito International Entertainment por "servicios de producción técnica integral y servicios de relator y comentarista de primer nivel".

-Saneamiento de los clubes: la AFA, si bien cuenta con la instrumentación de control contable y administrativo de los fondos, no exhibe fehacientemente, con números reales, la situación financiera de los clubes para poder evaluar si han sido cumplidos en todo o en parte la finalidad de saneamiento de las entidades, uno de los objetivos iniciales del programa. En el informe se hace mención a una nota que la AFA remitió a los clubes en 2012 en la cual transmite su "profunda preocupación" por las deudas que permanecen impagas por parte de los clubes afiliados. La AGN advirtió que el saneamiento de los clubes "no se cumplió" y que su situación financiera "empeoró a partir de un mayor endeudamiento de los mismos".

-Ejecución presupuestaria: se encontraron diferencias millonarias entre los totales devengados en la ejecución presupuestaria ($ 2967 millones) del programa y la sumatoria de las órdenes de pago ($ 2788 millones) de acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno.

La jueza Servini de Cubría investiga el programa FPT a partir de una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña por serias irregularidades en el manejo de los fondos.