Dos de los periodistas más destacados de la Argentina, Magdalena Ruisz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, en representación de un grupo de colegas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) las presiones e intimidaciones que ejerce el gobierno nacional sobre la prensa.

Ante la presencia de la embajadora Nilda Garré, que no habló, los funcionarios, uno de Cancillería y otro de la Jefatura de Gabinete, respondieron con evasivas y aseguraron que la audiencia no era “jurídicamente pertinente”.

Magdalena Ruíz Guiñazú sostuvo que "hace tres años" fue sometida a un juicio llamado ético y popular que se desarrolló frente a la Casa Rosada a plena luz del día en el que fue "acusada falsamente de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura".

En su testimonio, Ruíz Guiñazú no solo rechazó la acusación sino que además calificó el acto como "una parodia". "Vale aclarar que en apoyo a ese juicio asistió el por entonces presidente del Consejo Federal de Comunicación, Néstor Busso, y además el programa 678, vocero del oficialismo en el canal de televisión pública, difundió ampliamente esa mentira", agregó.

El Gobierno fue representado en la audiencia de la OEA por el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, y funcionarios de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.