El acuerdo YPF-Chevron y el traje regulatorio que aprobó el Gobierno para las inversiones en hidrocarburos no convencionales acumularon nuevos cuestionamientos y reclamos de los ex secretarios de Energía.

Por medio de un documento conjunto, los ex timoneles del área energética advirtieron que resulta “inadmisible” que se mantengan en secreto las claúsulas del convenio y que la ampliación de las concesiones que exigen las petroleras no se puede concretar con la Ley de Hidrocaburos vigente.

Uno de los firmantes, el ex Secretario de Energía, Amilio Apud (2001),  dijo en "Magdalena Tempranísimo" que “siendo YPF una empresa controlada por el Estado, las reservas de la negociación con Chevron deberían ceder por razones de interés público”.

El nuevo trabajo de los ex secretarios alertó que resulta “improcedente otorgar nuevas concesiones a 35 años” porque van en contra de los artículos 27 a 38 de la Ley de Hidrocarburos y están alcanzadas por la nulidad que establece el articulo 79 de dicha norma.

Según plantea el informe, el área que van explotar YPF y Chevron forma parte de una concesión de YPF que ya fue prorrogada y que tiene un plazo de vencimiento determinado. Pero el acuerdo firmado desconoce esa situación y exige el otorgamiento de una nueva concesión por 35 años que no se ajusta a las normas vigentes.