Once años después de la puesta en marcha del Megacanje y de que se abriera la causa judicial para investigar quiénes le sacaron tajada, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi declaró en rebeldía y pidió la captura internacional del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos David Mulford, quien ignoró cuatro citaciones a indagatoria.

El banquero está señalado en el expediente como ideólogo de aquella medida, que ofreció a Domingo Cavallo y que finalmente fue presentada por el gobierno de la Alianza como una fuente de alivio para la crisis económica, pero que incrementó la deuda en cerca de 55 mil millones de dólares y benefició a un grupo de bancos, entre ellos el Crédit Suisse First Boston, al que él representaba, señaló por Continental el ex diputado Mario Cafiero.

La acusación por negociaciones incompatibles con la función pública contra el ex ministro de Economía está hace cerca de dos años elevada a juicio oral y pronto se le sumarán algunos banqueros. En cuanto a Mulford, sólo se sentará ante un tribunal argentino si su país de residencia admite extraditarlo.

Frente al tiempo transcurrido y dado que el fiscal Federico Delgado ya había pedido mucho antes la captura, a lo que se sumó un reclamo de legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) que en junio último alertaron sobre la posible prescripción de la causa, Martínez de Giorgi anuló el exhorto y le requirió a Interpol que salga a buscar y a detener a Mulford.

En la resolución, que firmó el viernes último, el juez señaló “los numerosos intentos realizados por todos los medios jurídicamente factibles para lograr la comparencia de David Mulford, ya sea en el territorio de este país, como así también a través de las autoridades de Estados Unidos de América, todos los cuales indefectiblemente han fracasado”. Recordó, además, que un fallo de la Sala II de la Cámara Federal señala que es “imprescindible para profundizar la investigación contar con la declaración del nombrado”.

La denuncia penal original sobre la trastienda del Megacanje fue hecha por el abogado José Luis Fabris, a quien luego se sumó Mario Cafiero. Los primeros escritos advertían que el Megacanje no era otra cosa que el canje de títulos públicos de la deuda que tenía como beneficiarios principales, a través del cobro de abultadas comisiones, a una serie de bancos elegidos de manera arbitraria: el Banco Galicia, el Banco Santander, el BBVA Banco Francés, el Crédit Suisse First Boston Corporation, el HSBC Bank Argentina SA, J. P. Morgan Securities Inc y Salomon Smith Barney, consignó Cafiero en La Mañana.

También señalaban, entre otras cuestiones, que la Ley de Administración Financiera autoriza al Estado a canjear deuda siempre “que la nueva deuda emitida mejore las condiciones de la anterior (...) nada de ello ocurre ya que a simple vista se ha cambiado títulos cuyo interés era de aproximadamente el 7,5 por ciento anual al 13,5 por ciento anual, esto es un aumento del 6 por ciento anual. Solamente en el peso de los intereses, esta nueva emisión de títulos significa un desembolso adicional de 2000 millones de dólares anuales”.

“Los acusados decían que no hubo aumento de la deuda y, sin embargo, logramos que avanzaran las pericias que demostraron que creció en 55 mil millones”, recordó Cafiero.