El gobierno buscará con dos Decretos de Necesidad y Urgencia suspender la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y pasar al mando de la Corte Suprema de Justicia el control de las escuchas judiciales.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció que deberían “dar un paso al costado” aquellos “protagonistas” judiciales que “quedaron muy comprometidos” políticamente, en alusión –sin nombrarla- a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.