Cuatro ex secretarios de Transporte de la Nación y otros ocho ex funcionarios de esa dependencia y de la CNRT fueron citados a declaración indagatoria por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a las licenciatarias del servicio ferroviario.

Fuentes judiciales informaron que el juez federal Claudio Bonadio hizo la convocatoria en un expediente que se desprendió de la causa penal que instruyó por la tragedia de Once, actualmente en la etapa de juicio oral y público.

Los convocados a declarar como imputados, el 7 y 8 de julio, son los ex secretarios Armando Canosa, Jorge Horacio Koghan, Ignacio Alfonso Ludueña y Guillermo Carlos López del Punta, quienes precedieron en ese cargo a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, imputados por la tragedia de Once.

Asimismo, fueron citados a indagatoria los ex subsecretarios Alberto Trezza y Julio Tito Montana, más los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Roberto Ciappa, José Bernasconi, José Antonio Recio, Jorge Telmo Pérez, Pedro García y Roque Lapadula.

En el expediente se investiga si hubo desmanejos en los subsidios que la secretaría otorgó a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), que explotaba las líneas de trenes Sarmiento y Mitre al momento del siniestro ferroviario de 2012.

El fiscal Ramiro González había requerido la ampliación de la pesquisa porque, según entendió, "el manejo irregular" en la administración "se remonta prácticamente a la época de la concesión misma del servicio público, en los 90.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 y provocó la muerte de 51 personas, mientras más de 700 resultaron heridas.

El juicio oral por este siniestro ferroviario tiene 29 imputados, entre ellos los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, los ex titulares de la CNRT Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero, además de otros ex funcionarios kirchneristas y empresarios del grupo Cirigliano a cargo de la concesión del servicio de trenes, y el maquinista Marcos Antonio Córdoba.

A excepción del motorman, que está acusado del delito de "estrago culposo por descarrilamiento", los acusados restantes afrontan igual cargo y, además, el presunto delito de "defraudación contra la administración pública".

En el requerimiento de elevación a juicio de enero 2013, el fiscal federal Federico Delgado, quien investigó la tragedia de Once, consideró que existió un "pacto" entre la empresa TBA y el gobierno que "disolvió" toda instancia de control en el servicio de la línea Sarmiento.

"Esa complicidad, probablemente anclada en un pacto (expreso o tácito no interesa) entre TBA, la CNRT y la secretaría de Transporte, disolvió cualquier chance de control real. Esto significa que la instancia de control alcanzó un simple plano formal que no llegó a ser real", sostuvo.

El fiscal aseguró en ese expediente que entre 2003 y 2009 los subsidios que el gobierno le dio a TBA crecieron un 132 por ciento, pero "no se reflejó en el servicio", y advirtió que "el Estado inyectó fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar".