El empresario Lázaro Báez salió este miércoles al cruce de las acusaciones y aseguró que "no es un acto de censura acudir a los Tribunales", luego su pedido a la Justicia para que dicte una medida cautelar a fin de que no se publique nueva información sobre actividad comercial de sus empresas.

Lo hizo a través de un comunicado de prensa, en el cual subrayó que no busca "ejercer acto de censura alguno" y que los medios de
prensa que así lo sostienen sólo están "alarmando y preocupando a la población con ideas falsas".

"Atento a que ciertas empresas propietarias de medios de comunicación han malinterpretado el sentido de la presentación que efectué en la Justicia, alarmando y preocupando a la población con ideas falsas, hago saber que no es mi intención ejercer acto de censura alguno", señaló el empresario.

Báez indicó que, por el contrario, "esa petición tiene como finalidad evitar que los papeles privados reseñados en los artículos publicados los días 16 y 17 del corrientes en el diario La Nación y aquellos otros que este diario dice tener en su poder, sólo para el supuesto de que hubieran sido obtenidos por medios ilícitos continúen siendo manipulados y exhibidos públicamente de manera falaz".

"En este caso, no es un acto de censura acudir a los Tribunales para solicitar el respeto de los derechos que la ley les reconoce a todos los habitantes de esta Nación", enfatizó en el texto.

Y agregó que, en cambio, "si se demuestra la obtención lícita de tales papeles privados, no existe objeción alguna para que se efectúen todas las publicaciones que se deseen realizar".

"Finalmente, reafirmo mi compromiso con el cabal respeto a la libertad de expresión y mi absoluta disposición a hacer las presentaciones y a brindar todas las explicaciones que correspondan, como hasta el presente lo he venido haciendo",  concluyó.

Báez hizo su pedido en el juzgado federal de Río Gallegos, luego de que el diario La Nación publicara notas dando cuenta de la contratación de varias habitaciones de los hoteles propiedad del matrimonio Kirchner en Santa Cruz, por parte de la firma Valle Mitre del empresario y por la cual se habrían pagado sumas millonarias.

El empresario alegó que se usó información comercial de la compañía y pidió que se investigue a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) como los presuntos organismos que dieron los datos.

Este miércoles por la mañana, en tanto, el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, tomó distancia del planteo de Báez en la Justicia y aseguró que está "a favor de la democracia plena y la libertad de expresión sin restricciones de ninguna naturaleza".

"Más democracia, más libertad, eso es lo que tenemos que tener, aun cuando medios de comunicación y periodistas hacen de la difamación y el agravio, conjuntamente con dirigentes políticos, una estrategia que tiende a socavar la legitimidad del sistema democrático", subrayó Capitanich.

Por otra parte, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario dijo que en la "declaración jurada impositiva de la Presidenta de la Nación está perfectamente identificado el origen de cada uno de los fondos en virtud a la generación de los mismos"."Eso está debidamente aclarado en un comunicado, no tengo más nada que agregar", concluyó.