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La Justicia desestimó la denuncia contra Gils Carbó por la designación de fiscales

El magistrado federal Sebastián Casanello se opuso a abrir una causa judicial. La procuradora había sido acusada de realizar nombramientos de fiscales en forma irregular y con la presunta finalidad que los mismos le sean dependientes

La Justicia desestimó la denuncia contra Gils Carbó por la designación de fiscales
El juez federal Sebastián Casanello resolvió desestimar la denuncia contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien había sido acusada por el senador radical Mario Cimadevilla de realizar nombramientos de fiscales ad hoc y subrogantes en forma irregular.

Según la denuncia, a partir de la cual el fiscal Guillermo Marijuan había pedido abrir una investigación penal, Gils Carbó realizó varios nombramientos irregulares de fiscales ad hoc o subrogantes, uno de ellos a Carlos Gonella, titular de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y a quien se criticó por supuestamente omitir denunciar en un primer momento al empresario Lázaro Báez.

En su fallo, Casanello consideró que la práctica de nombrar fiscales ad hoc o subrogantes no es algo novedoso, sino por el contrario viene de antaño a la gestión de Gils Carbó y está avalada en base a "los principios que gobiernan el organismo".

"El Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia" a raíz de la situación "excepcional en la que faltan fiscales", según el magistrado.

Marijuan, el mismo que el viernes pasado imputó a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero en la causa en la que venían ya siendo investigados Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, había días atrás pedido emprender una investigación contra Gils Carbó y en función de ello requerido varias medidas de prueba.

La denuncia fue luego que se conoció que la Procelac firmó junto con el fiscal subrogante Ramiro González el primer impulso fiscal por lavado de dinero, y se dejó afuera de la misma a Báez. Ante ello, se realizó la denuncia en la que se cuestiona una treintena de nombramientos realizados por la Procuradora.

"La reforma constitucional de 1994 dotó al Ministerio Público Fiscal de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera pero al mismo tiempo le imprimió un mandato sumamente claro; promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad -lo que, en nuestro caso´- se traduce en promover la acción penal pública- y de los intereses generales de la sociedad", explicó en su resolución el magistrado.

El Ministerio Público Fiscal, agregó, "tiene una jefa máxima de todos los fiscales -la Procuradora General- la que coordina su accionar y fija las líneas de la política criminal y de persecución penal. Por ende, su organización es de tipo piramidal y actúa bajo los principios de jerarquía, unidad de actuación y coherencia institucional. Esto traza una diferencia diametral con el Poder Judicial, donde rige el principio de horizontalidad".

"El tipo de designaciones cuestionadas posee respaldo normativo", concluyó Casanello.