La Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó el fallo de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa que había resuelto anular los comicios provinciales del 23 de agosto pasado y confirmó los resultados que consagraron como futuro gobernador al candidato del Frente para la Victoria, Juan Manzur, quien se impuso por 12 puntos de diferencia sobre el postulante del Acuerdo para el Bicentenario, José Cano.

El fallo, que se dictó por unanimidad, se conoció pasada la medianoche y fue tomado por el alto tribunal que estuvo constituido por los vocales naturales René Goane y Daniel Posse, y los camaristas civiles que fueron elegidos por sorteo, Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas. Los últimos tres jueces intervinieron por la excusación de los vocales Antonio Gandur, presidente de la Junta Electoral Provincial, y Claudia Sbdar, que se inhibió por enemistad manifiesta con Arnaldo Ahumada, abogado del Acuerdo para el Bicentenario, además de la ausencia de Antonio Estofán, que no pudo participar del debate porque está de viaje por Europa.

El fallo de la Corte deja sin efecto la decisión de los camaristas de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, quienes el 16 de septiembre anularon los comicios del 23 de agosto y ordenaron al Poder Ejecutivo que llame a nuevas elecciones, una sentencia sin precedentes a nivel local y nacional, salvo en tiempos de dictaduras. La Corte, con el voto favorable de tres de sus miembros, también decidió levantar la cautelar que le impedía a la Junta Electoral Provincial proclamar a los ganadores, según informó el apoderado del Frente para la Victoria, Marcelo Caponio.

El fallo de la Corte de Tucumán aún puede ser recurrido y los abogados del Acuerdo para el Bicentenario anticiparon que presentarán el recurso extraordinario para que el caso llegue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si esta vía fracasa, la oposición aún tiene la posibilidad de intentar un recurso de queja, por extraordinario denegado, directamente ante la Corte nacional. Ese estrado puede, a su vez, rechazar el juicio o admitirlo y pronunciarse en un plazo indefinido de tiempo, lo que podría generar la intervención federal de la provincia si el caso no tiene una resolución final antes del 28 de octubre, fecha en la que finalizan los mandatos de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los legisladores.