Por primera vez, un fiscal pidió la aplicación de la polémica Ley Antiterrorista, que fue sancionada en diciembre de 2011 por el Congreso a propuesta del kirchnerismo. El fiscal federal Pedro Simón acusa al periodista Juan Pablo Suárez, director del sitio web Última Hora de “incitación a la violencia colectiva agravado por la finalidad de aterrorizar a la población”.
 
Es por la cobertura de la violenta detención de un policía cuando hacía reclamos salariales, durante las protestas policiales de diciembre pasado. El Código Penal establece una pena de tres a seis años por incitar a la “violencia colectiva”, que puede ser excarcelable. Pero uno de los artículos de la Ley Antiterrorista duplica el monto de esa pena y elimina la excarcelación si la finalidad del acusado fue “aterrorizar a la población”.

Suárez denuncia que, por esta misma causa, en diciembre pasado estuvo “diez días detenido en una celda de una comisaría, de un metro por un metro y medio, con presos comunes” en “condiciones de detención deplorables” de hacinamiento y falta de higiene. Suárez filmó y difundió –a través de su sitio Web– la detención del agente Nelson Villagrán cuando participaba en la protesta policial. La Justicia allanó sus oficinas, incautó sus equipos y detuvo al periodista.

Por Continental, el fiscal Simón explicó que el periodista Suárez y el policía exonerado Villagrán “publicaron del 5 al 9 de diciembre una serie de informaciones que no se correspondían con hechos reales. Hay que ubicarse en diciembre de 2013 para entender la gravedad del hecho, porque había 14 provincias con rebeliones provinciales, saqueos y muertes”, graficó en La Mañana.
 
En la web de Suárez “había títulos como 'tensa calma', 'intentos de saqueo' o 'la policía autoacuartelada se concentra a las 20' con fotos que no correspondían a la provincia de Santiago del Estero. A su vez, Villagrán, había hecho circular panfletos con falsedades sobre supuestos planteos policiales presentados al Gobierno y rechazados por éste. Estos hechos son los que consideramos una incitación a la violencia y una intención de aterrorizar a la población”, concluyó el fiscal Simón.